La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha remitido a la Justicia española la denuncia contra “las compañías de seguros españolas, a diferencia de las europeas, imponen sus honorarios a los profesionales médicos privados mediante la determinación unilateral de Baremos.
Aunque en la petición se apelaba que esta práctica de las aseguradoras “vulnera el art. 17.3 de la directiva 2016/97 de 20 de enero de 2016 sobre distribución de seguros que establece que los distribuidores de seguros no pueden establecer criterios de remuneración que afecten al mejor interés de sus clientes”. “La directiva 2016/97 fue traspuesta con mucho retraso en el RDL 3/2020, pero en realidad no se está aplicando”, lamenta Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, quien ha presentado la petición en nombre de Unipromel, se ha considerado que este artículo no puede afectar a la relación de las aseguradoras con los médicos como prestadores.
La práctica de las grandes aseguradoras sanitarias españolas supone, según Navas, una restricción a la libertad profesional y al derecho a trabajar en el sector sanitario español. “Pero correlativamente, supone privar a los pacientes del derecho a la libre elección de profesional, desconociendo los precios de las prestaciones y provocando una merma de la calidad asistencial sanitaria”, señala el socio-director de Navascusi.
En la queja presentada ante el Parlamento Europeo y que ahora nos obligan a reformar, se recuerda la sentencia C-531/06 del Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo que exige que los farmacéuticos tengan “independencia profesional real” frente a los mayoristas sobre los que se sospecha interés económico. “Queremos que los médicos también puedan gozar de independencia real y esa lamentablemente no existe por culpa de la mala práctica de las aseguradoras, por ser contraria a sus intereses económicos”, concluye el Dr. Guerrero.
