Varios grupos hospitalarios se han retirado ya de los convenios de Mugeju e Isfas, una situación que se podría repetir en el caso de la mutualidad de funcionarios civiles
Noticia original publicada en El Debate
Tras meses de idas y venidas, el Gobierno logró el pasado mes de marzo llegar a un acuerdo con Adeslas y Asisa para que continuaran prestando el servicio sanitario al millón y medio de funcionarios y sus familias, incluidos en Muface. Las aseguradoras, que estuvieron a punto de dejar caer el modelo al no presentarse a las licitaciones, consiguieron una subida de las primas del 41,2 % al final del tercer año respecto al convenio actual después de que Función Pública ofreciera diferentes incrementos que no convencieron a las compañías.
Aunque todo parecía estar resuelto tras anunciar que Asisa y Adeslas seguirían en el concierto, otras partes implicadas han alzado la voz para denunciar las carencias del modelo. Los proveedores sanitarios, entre los que se encuentran los médicos autónomos (agrupados en asociaciones médicas) y los grupos hospitalarios, se encuentran en negociaciones con las aseguradoras para cerrar un acuerdo para los próximos tres años.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha advertido de que las aseguradoras sanitarias han reducido la calidad asistencial en las mutuas de funcionarios, pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno, por lo que pide a la Administración y a los grupos políticos que intervenga para garantizar la calidad y «los funcionarios no sean asegurados de segunda categoría».
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