Denuncian pagos por consultas “exiguos” y la existencia de 17.000 falsos autónomos
Noticia original publicada en El País
El culebrón del modelo Muface tuvo en vilo a dos millones de funcionarios y sus familias entre octubre de 2024 y abril de 2025. El tira y afloja entre el Gobierno y las aseguradoras de salud puso en jaque un sistema de atención médica concertada para profesores, policías y otros empleados de la Administración que llevaba 50 años existiendo. El Ministerio de Función Pública tuvo que comprometerse a una mejora del 41%, en tres años, de los pagos que hace para que Adeslas y Asisa sigan ofreciendo cobertura sanitaria a los funcionarios. La factura final será de 6.250 millones de euros. Ahora llega la siguiente fase del conflicto: las reclamaciones de los médicos privados para que les llegue una parte de esa lluvia de millones.
El complejo entramado legal para atender la sanidad de los empleados públicos implica la participación de tres mutualidades: Muface (con 1,5 millones de beneficiarios, sobre todo profesores, carteros, policías, diplomáticos…); Isfas (que da cobertura a 540.000 militares y familiares) y Mugeju (unos 100.000 jueces, fiscales…). Estas mutualidades reciben una pequeña cuota de los mutualistas pero el grueso de su presupuesto depende de la contribución de sus respectivos ministerios: Función Pública, Defensa y Justicia.
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